Esta noche me he quedado muy sorprendido al oír una noticias en los telediarios de la noche y me deja más perplejo todavía el fondo de la misma y me lleva la misma conclusión de siempre que este país a perdido el norte hace mucho tiempo y tenemos un desgobierno total que solo mira su propio bolsillo y no el bolsillo y el bienestar de sus ciudadanos, si no leer la noticia que la publico el País el día 18 de Agosto y hoy las televisiones han dado cuenta de ella, esta noticia se refiere a nuestro queridísimo Ministerio de Trabajo e inmigración y más concretamente a la Seguridad Social una Seguridad Social por cierto que pagamos todos los Españoles y Españolas si la leéis os daréis cuenta de la poca conciencia que tiene esta gente y su titular al frente, una familia esta reclamando desde hace años poder construir un ascensor en su finca para que su hijo con una discapacidad del 87% pueda tener una vida mejor y no verse abocado en un futuro próximo a permanecer días y días encerrado en casa porque cada día que pasa se le hace más difícil el salir de casa y afrontar esos escalones que le separan de la calle y todo ellos porque a estos señores de este Ministerio no les pasa por las narices ceder 3mtrs. Cuadrados de un local propiedad de ellos que dicho sea de paso lo hemos pagado todos los Españoles, ahora recurren la sentencia favorable a esta familia aduciendo que si ceden estos metros el local perderá valor de venta y aquí volvemos a lo mismo recaudar, recaudar y recaudar pero eso si con dinero y con bienes ajenos porque les recuerdo que esas propiedades están pagadas con el sudor de nuestras frentes y las aportaciones realizadas por todos los trabajadores y trabajadoras de este país.
Por lo que decía al principio otra muestra más de este desgobierno que tenemos que ni corto ni perezoso deja en la estacada a un desvalido ciudadano, mientras ellos solo piensan en una cosa en que el valor de esta propiedad no disminuya, creo que si se hiciera un referendum para ver que piensan los Españoles estaríamos todos de acuerdo en darle una solución positiva a este problema y dejaríamos de lado el aspecto económico.
Este es talante de nuestro querido desgobierno. Hasta la próxima que vuelva hacer que no pasaran muchos días más.
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18, ago |
"No sé a qué juegan. Igual quieren ganar tiempo para ver si los vecinos nos cansamos. Estábamos tan contentos con la sentencia... Y ahora mira, otra vez a esperar". Jesús Yepes es unpadre desesperado. Él y toda la comunidad de propietarios delnúmero 8 de la calle de Vistalegre, en Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), llevan más de seis años reclamando que se instale un ascensor en la finca. Pero han topado con la oposición férrea de la Seguridad Social, propietaria de un inmenso local vacío en los bajos del edificio.
Como la finca donde vive la familia Yepes es vieja, el ascensor solo puedefuncionar si ocupa una pequeña parcela (3,23 metros cuadrados) de ese localpropiedad del Estado. Los vecinos no quieren el elevador únicamente parasubir la compra sin esfuerzo: lo necesitan. El hijo de Jesús, Adrián, es un jovende 18 años que padece un grado de disminución física del 87%. Bajar las escaleras para salir a la calle supone, para él y su familia, un suplicio.
Pese a la mediación del Ayuntamiento de Cornellà y las promesas de los responsables de la Seguridad Social, los vecinos no lograron nunca arrancarun sí definitivo para el ascensor. Eso a pesar de que el local lleva tres años vacío y de que ofrecieron, a cambio, una compensación económica. De modo que decidieron demandar a la Administración. Ahora, la titular del Juzgado dePrimera Instancia número 10 de Barcelona les ha dado la razón. La jueza obliga a la Tesorería a ceder el espacio para instalar el ascensor a cambio deuna indemnización, por daños y perjuicios, de 3.618 euros, como planteaban los vecinos.
Pero el ascensor no se va a construir. Al menos, de momento. El Ministerio deTrabajo ha recurrido la sentencia ante la Audiencia de Barcelona y haparalizado, así, la instalación. Una decisión que, lamentan los vecinos, va a impedir que Adrián vea mejorada su calidad de vida. "Estamos contentos porque la justicia nos da la razón. Pero no sirve de nada porque no podemos poner el ascensor. Y a mi hijo cada vez le cuesta más moverse. Desde que pusimos la demanda, le han aumentado en dos grados la incapacidad. Estoy indignado", relata Jesús que, aun así, se muestra convencido de la perseverancia de la comunidad de Vistalegre.
Adrián no es el único vecino que necesita del ascensor para vivir bien. En la finca reside una mujer de 52 años con una minusvalía del 53%. Cuando se interpuso la demanda también vivía, en el mismo bloque, una anciana de 82 años, hoy ya fallecida, con problemas de movilidad.
En el juicio, la Seguridad Social se opuso a la demanda alegando que los vecinos no habían reclamado, previamente, por la vía administrativa.La jueza considera que ese argumento es insuficiente, precisa que "la función judicial es resolver definitiva y eficazmente los conflictos que a ella se someten" y recuerda que la Tesorería ha tenido "sobrado conocimiento previo de las pretensiones de la comunidad".
La discrepancia, añade, "se centra en determinar el alcance de la compensación económica". La magistrada da por buena la cifra que ofrecen los vecinos -que tilda de "razonada y ponderada"- y considera, en cambio, que la que exige la Seguridad Social es "desorbitada y no justificada". La Administración del Estado reclama a los vecinos que paguen 3.000 euros por cada uno de los metros afectados por el ascensor.
Ese espacio es "necesario" para instalar el ascensor, ya que debido a la estructura del edificio tiene que partir de allí hacia el patio de luces. La sentencia obliga a la Administración a "permitir el acceso al inmueble" a los operarios para que efectúen las obras, pero no se puede ejecutar hasta que sea firme. El local cuenta con una superficie de 569 metros y acogió, hasta hace tres años, la sede de la Seguridad Social en Cornellà.
En el recurso ante la Audiencia de Barcelona, la Seguridad Social critica las "graves omisiones" de la sentencia al fijar la indemnización. La cantidad, dice el documento, debe medirse por cada metro cuadrado porque, cuando se instale el ascensor, es posible que se necesite más superficie de la prevista.
Al tratarse de patrimonio público, añade el recurso, "parece adecuado que una segunda instancia judicial se pronuncie". El Ministerio de Trabajo insiste en que defiende, a través de su patrimonio, el interés general. Y argumenta, en ese sentido, que el ascensor supondrá una pérdida de valor del local porqueno solo afecta a una zona de paso, sino que es "el acceso directo a la vía pública y la salida de emergencia natural del inmueble". En la misma línea, razona que provocará "una pérdida de la luz natural del local" que redunda en perjuicios para el erario público.
A Jesús Yepes, todas esas prevenciones le suenan a excusa. Le cuesta comprender, dice, la tozudez de la Administración. Pero está dispuesto a luchar: "Tengo el apoyo de los vecinos. Pondré pancartas en el balcón. Nos moveremos". Mientras, el tiempo pasa y su hijo Adrián necesita cada vez más apoyo de sus padres para salir a la calle. "Siente más inseguridad y más miedo que el año pasado cuando tiene que subir o bajar las escaleras con nuestra ayuda". Jesús se siente dolido, también, por las promesas incumplidas: "Nos dijeron que nos cederían el espacio cuando se trasladaran, y no lo hicieron. Se comprometieron a buscar una solución cuando les pusimos la demanda, y tampoco lo hicieron. Ahora les han condenado, y ni así ceden. ¿Qué más se puede hacer?"
Fuente: El País 18/08/2011.
